La ineficacia de las instituciones del Estado ante cuestiones de género
- Testimonio
la policía la encontró muerta sobre la cama con un cinturón de bata alrededor del cuello. Según la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia. El 31 de marzo de 2017, Carmen (27 años, Barrio Barranquitas) fue quemada por su compañero. Con el 90 % del cuerpo afectado, murió ocho días después en el Hospital J. M. Cullen. En uno y otro caso, las personas cercanas mencionaron situaciones de violencia previas, denuncias o de silencios vergonzosos. Aunque de estratos sociales, edades y nivel de educación diferentes, estas dos mujeres resultaron unidas por el padecimiento de la violencia en manos de quienes fueran sus parejas y por una palabra que marca el fin de sus vidas y que en los últimos años ha tomado particular notoriedad: el FEMICIDIO.
La violencia de género y
cada fibra que compone la misma,
muestra índices de crecimiento. Según datos de Indesomujer[1] en Argentina cada día y medio, una mujer
muere víctima de violencia de género. Los índices correspondientes al primer semestre 2013
(131) superan en doce casos al registro de similar período en 2012 (119). Las
mismas estadísticas ubican actualmente a la provincia de Santa Fe en un segundo
lugar a nivel nacional. El año pasado, según el informe presentado por el
diputado Leandro Bussato, con relevamiento
de Nicolás Lovaisa y Mercedes Ramírez, en la provincia se registraron, entre 2001 y 2017, cuarenta y nueve femicidios. Lo que indicaría
que en diecisiete años hubo un femicidio por trimestre, verificados en La Capital.
En medio de discusiones semánticas sobre la mayor o menor amplitud del término y
su relación (y diferenciación) con el feminicidio, una de las especialistas
entrevistadas afirma que “Hay
amplia coincidencia en cuanto a
delimitar el concepto de Femicidio a la muerte de mujeres (por el hecho
principal de serlo) en manos de hombres cercanos afectivamente, en general,
parejas y ex parejas” Daniela
Deicas de Genérica[2].
En
Rosario un caso que resonó en 2010, fue el de Vanesa Celma
(27 años, Barrio Ludueña), tenía un hijo, estaba embarazada de ocho meses;
ambas criaturas producto de la relación con su marido. Ella sabía, desde hace
unos meses que, Omar Díaz, mantenía una relación paralela.
En
la noche del 29 de junio, y después de dos días de ausencia él regresó a la
casa que compartían. Comenzaron a discutir y su hijo, de cinco años al escuchar
la situación salió desesperado a pedirle ayuda a los vecinos, porque su mamá se
estaba prendiendo fuego. Al día siguiente, a Vanesa le hicieron una cesárea de
urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y así nació su hija.
Vanesa, estuvo internada durante cuatro meses. Primero en terapia intensiva y luego en el área de Quemados del HECA. Allí y en reiteradas ocasiones, suplicaba que no la dejaran sola, porque tenía miedo. Hasta que un día, aterrorizada, Vanesa habló con una enfermera y le contó lo ocurrido, así lo cuentan sus familiares.
Luego de un largo proceso de recuperación, a Vanesa le dieron el alta a fines de octubre, pero una semana después tuvieron que volver a internarla, por un cuadro de deshidratación, y finalmente, el 22 de noviembre murió.
Vanesa, estuvo internada durante cuatro meses. Primero en terapia intensiva y luego en el área de Quemados del HECA. Allí y en reiteradas ocasiones, suplicaba que no la dejaran sola, porque tenía miedo. Hasta que un día, aterrorizada, Vanesa habló con una enfermera y le contó lo ocurrido, así lo cuentan sus familiares.
Luego de un largo proceso de recuperación, a Vanesa le dieron el alta a fines de octubre, pero una semana después tuvieron que volver a internarla, por un cuadro de deshidratación, y finalmente, el 22 de noviembre murió.
En
primera instancia la familia recurrió a un abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Durante
años la causa estuvo caratulada como “incendio”, desconociendo que se estaba
ante un caso de violencia de género. La APDH[3] se
hizo cargo de la misma, después de cinco años, sin tener imputados y en ese
transcurso, la causa pasó por las carátulas de: “Tentativa de homicidio”, “Incendio”
e “Incendio seguido de muerte”. Después de ocho años, la causa de Vanesa Celma,
aún no tiene imputados.
La APDH Rosario, que representa a los familiares de
Vanesa, acusa a tres policías por pérdida de prueba, incumplimientos de deberes
de funcionario públicos y otras imputaciones y además sostienen: “Vanesa
Celma sufre todo tipo de violencia institucional, dada la torpeza y negligencia
con que se manejó toda la situación”. En este sentido denuncian que "Para
el Estado Vanesa murió por amor” según consta en expediente, dicho por
la profesional de la salud (psicóloga) que la atendió, al lugar donde, la
derivaron con terribles quemaduras.
La APDH sostiene que Vanesa Celma en su corta vida sólo conoció al Estado a través de la violencia institucional, “cuando no fue protegida por el personal que la asistió por violencia de género en las instituciones de salud, policial y judicial”
La APDH sostiene que Vanesa Celma en su corta vida sólo conoció al Estado a través de la violencia institucional, “cuando no fue protegida por el personal que la asistió por violencia de género en las instituciones de salud, policial y judicial”
- Un tema serio y arraigado
Carina Depaoli, Coordinadora de Políticas de Género y
Violencia Familiar de la Municipalidad de Santo Tome, al momento de analizar el
femicidio destaca la complejidad de la
temática y pone un concepto en el centro del análisis socio-cultural de la
problemática. “Hay un contexto que lleva siglos de desarrollo y es el Patriarcado,
que coloca a las mujeres en una posición de subordinación con respecto al
varón. Una posición desigual que hace que el varón se sienta dueño de la
mujer. Y si bien se han transformado
muchas cosas y logrado grandes avances, en lo cotidiano y a veces de forma muy
sutil, este sentido de propiedad sigue vivo y jugándose en las relaciones de
pareja”. Una vez destacado que la mayoría de los femicidios son cometidos por
las parejas y ex parejas de las víctimas, generalmente en situaciones de
separación en curso o próxima, Depaoli
afirma: “Mi análisis principal pasa por lo cultural, y por este implícito de la
mujer como objeto de propiedad del varón, quien frente a la posibilidad de un
abandono o pérdida de la posición dominante, decide llevar al extremo su
superioridad y la mata”
Consultada sobre las políticas implementadas, Carina
Depaoli afirma que desde el área que coordina, el cual tiene un año y medio de
vida, se trabaja en dos líneas principales: “Una es la asistencia directa a
víctimas de violencia familiar en articulación con la Comisaría de la Mujer,
las comisarías comunes, el SAMCO, los CAPS, el Equipo Interdisciplinario de la
Dirección Provincial de Políticas de Género, los Tribunales de Familia y la
Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. La otra línea es de prevención
y sensibilización con campañas mediáticas, talleres en barrios, charlas en
escuelas, etc”. Existen, además, proyectos en análisis y lo que podría ser una
tercera –y compleja – línea que consiste en “el intento de transversalizar al
municipio de Santo Tomé con una perspectiva de género que permita poder evaluar
el impacto de las políticas públicas en varones y mujeres a fin de
intentar una igualdad de oportunidades
para ambos”
- Femicidios en datos
La
Organización de las Naciones Unidas alertó en abril de 2016, que 14 de los 25
países del mundo, que tienen las tasas más altas de femicidios, se encuentran
en Latinoamérica. Desde 2012 la (CIM)[4]
advertía que en América Latina, estos crímenes alcanzaban “niveles cercanos a
los de la pandemia”. Este centro en 2016 creó un Observatorio de Femicidios, y en
él se plasman, dos informes. Uno de ellos correspondiente al primer año en el
que actuó el observatorio, y el segundo corresponde al año que estamos
transitando.
El
informe del año 2017, que detalla el período comprendido entre el 1 de enero de
2017 y el 31 de diciembre, establece la cantidad de 292 femicidios ocurridos en
nuestro país. Sobre la edad de las víctimas manifiesta que comprenden entre
Además se releva que en el total de los 292 femicidios, dentro del nivel económico
de las víctimas es prevalece el nivel bajo. Aunque si existen hechos que se han registrado en otros niveles sociales
Dentro de los casos la mayor cantidad de muertes se ha dado bajo la modalidad: apuñaladas.
Dentro de los datos de provincias con mayor prevalencia de femicidios, se obtuvo como resultado que Buenos Aires es la provincia donde se produjeron mayor cantidad de casos, con un total de 119. Le siguen las provincias de Córdoba con 26 casos; el tercer lugar lo comparten Salta y Santa Fe con 24 casos y en cuarto lugar, está Santiago del Estero con 19.
En el informe de 2018, que es parcial, porque solo se aboca al primer semestre, se da como resultado la verificación de 139 víctimas de femicidio.
Dentro de los casos la mayor cantidad de muertes se ha dado bajo la modalidad: apuñaladas.
Dentro de los datos de provincias con mayor prevalencia de femicidios, se obtuvo como resultado que Buenos Aires es la provincia donde se produjeron mayor cantidad de casos, con un total de 119. Le siguen las provincias de Córdoba con 26 casos; el tercer lugar lo comparten Salta y Santa Fe con 24 casos y en cuarto lugar, está Santiago del Estero con 19.
En el informe de 2018, que es parcial, porque solo se aboca al primer semestre, se da como resultado la verificación de 139 víctimas de femicidio.
- Medidas paliativas
El
municipio Rosarino lleva adelante
políticas públicas con perspectiva de género desde hace 30 años, y a su vez,
fue el primer municipio en implementar una línea telefónica de atención a las
víctimas en violencia de género como política de Estado, dentro del país.
La Municipalidad de Rosario implementó en 2012 el
Teléfono Verde como respuesta a la gran demanda de las víctimas de violencia de
género. Según las cifras oficiales, a través del mismo el municipio asiste por
mes más de 300 casos.
Según el mismo ente, este teléfono es atendido por
profesionales especializadas, llámeseles: psicólogas, trabajadoras sociales y
abogadas; y ofrece un espacio de escucha, orientación y contención, efectuando
una primera evaluación de la situación planteada y sus posibles riesgos. En
situaciones de violencia crítica, las víctimas que no cuentan con una red
social y/o familiar de apoyo pueden resguardarse en Centros de
Protección, donde se realizan abordajes integrales de todo el grupo familiar y
se trabaja para la recuperación de la integridad física y psíquica de la
mujer y sus hijos, restituyendo los derechos vulnerados.
Carina Depaoli entiende que tal tarea provincial presenta
logros importantes como así también puntos a fortalecer. Con la convicción de
que se trata de una tarea compleja y una ardua lucha frente a siglos de
patriarcado y machismo, la funcionaria consultada destaca también los
inconvenientes en el accionar judicial “que en un 95% no acompaña con medidas que
protejan a las víctimas”, la policía que muchas veces no comprende la
complejidad que se esconde detrás de una denuncia, los empleadores que
descuentan días de trabajo “aunque las mujeres digan que les pegaron y
tienen que ir a hacer la denuncia” y la sociedad que no suele intervenir
en lo que considera cuestiones domésticas. “Creo que es una temática que requiere de
todos y no sólo del accionar del Estado”, de esta manera Depaoli, les
atribuye un carácter de oportunismo político en tiempos de proceso electoral.
En cuanto a la declaración legislativa de emergencia en la materia, no la
creería necesaria si no hubiera recortes presupuestarios que afectan el
tratamiento y abordaje de la problemática. En este contexto real, despojado de
lo que debiera ser, la entrevistada la considera interesante en cuanto “habilita
presupuesto para acciones concretas y facilita aplicaciones que en otros
momentos fueron impedidas o cuestionadas por muchos de quienes hoy ocupan
bancas” En ese sentido, y sin obviar la crítica a la postura de la oposición, concluye
“Bienvenida sea esa ley, si va a permitir hacer”
Mucho tuvo que ver en las medidas que se fueron tomando, los diferentes presupuestos que se fueron gestando año a año para nuestro país, y aún más importante, cuando de ese presupuesto total estaba destinado a cuestiones de género.
Mucho tuvo que ver en las medidas que se fueron tomando, los diferentes presupuestos que se fueron gestando año a año para nuestro país, y aún más importante, cuando de ese presupuesto total estaba destinado a cuestiones de género.
Si hacemos un recuento de los últimos años, tomando como lapso la gestión del
actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, podemos apreciar los siguientes
datos.
En su primer año de mandato el presupuesto destinado a género era de unos $16 millones, mientras que el de 2017 incrementó a $163 millones para finalmente en 2018 alzarse a $249 millones.
Ahora el Gobierno Nacional destinará en el Presupuesto 2019 la suma de $ 234,3 millones al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir, tan sólo $11,36 por mujer.
En su primer año de mandato el presupuesto destinado a género era de unos $16 millones, mientras que el de 2017 incrementó a $163 millones para finalmente en 2018 alzarse a $249 millones.
Ahora el Gobierno Nacional destinará en el Presupuesto 2019 la suma de $ 234,3 millones al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), organismo encargado de la aplicación de la Ley 26.485, es decir, tan sólo $11,36 por mujer.
Dicho presupuesto, con la inflación proyectada, implica una retracción del 18% con respecto al asignado en 2018.
- Conclusión:
La
violencia de género, entendida como aquella que sufren las mujeres por el sólo
hecho de ser mujeres, está enmarcada en la cultura patriarcal que la legítima,
naturaliza y tolera. Y a ello se le suman las grandes falencias que el Estado
tiene para con ellas.
Un
Estado que no interpreta que la situación los ha desbordado y que además, atraviesa
en todos sus sentidos a una sociedad, en la que cada 28 horas muere una mujer
en manos de su sexo opuesto; es también una manera de sumarse a los causantes y
desencadenantes, de los grandes números de femicidios que se registran en
Argentina. Un Estado que no actúa, que es indiferente y que año a año, atrasa
en las medidas que toma en cuanto a las problemáticas, es un Estado
cómplice.
Los
salvavidas que se han tomado, a las claras están, no han surgido efecto.
Las mujeres siguen muriendo en mano de sus homicidas sin que el Estado intervenga. Las mujeres no denuncian, porque tienen miedo o porque cuando se llegan a las instituciones que tienen que brindarles protección y contención, encuentran peor desamparo y desesperación de aquella de la que huían. El último método de salvataje implementado, fue la Ley Brisa[5], que si bien es un método que ayuda a quienes quedaron en el despojo total, luego de la muerte de sus madres, claramente, no remienda el hecho consumado.
Las mujeres siguen muriendo en mano de sus homicidas sin que el Estado intervenga. Las mujeres no denuncian, porque tienen miedo o porque cuando se llegan a las instituciones que tienen que brindarles protección y contención, encuentran peor desamparo y desesperación de aquella de la que huían. El último método de salvataje implementado, fue la Ley Brisa[5], que si bien es un método que ayuda a quienes quedaron en el despojo total, luego de la muerte de sus madres, claramente, no remienda el hecho consumado.
[1] Indeso
Mujer: Asociación civil sin
fines de lucro, fundada en Rosario en 1984. Trabaja por la eliminación de toda
forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y el reconocimiento de
sus derechos.
[2] Genérica
: Blog dedicato a políticas de género
[3] APH:
Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos
[4] CIM Comisión Interamericana de Mujeres
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